El Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MOVALT), que entró en vigor a partir de su publicación en el BOE, da continuidad a los planes que el Gobierno ha venido impulsando en los últimos años para fomentar un transporte más sostenible, al tiempo que se refuerza significativamente el apoyo al desarrollo de infraestructuras de recarga eléctrica.

Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la de 7 de noviembre de 2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas .

MOVALT – Vehículos

MOVALT-Vehículos contará con 20 millones de euros para la concesión de ayudas a la adquisición de vehículos propulsados por Autogás (GLP), Gas Natural (GNC, GNL) o bifuel gasolina-gas, Eléctricos (BEV, REEV, PHEV), así como por pila de combustible.

Los vehículos adquiridos deberán ser nuevos o con una antigüedad inferior a nueve meses. Los beneficiarios podrán ser particulares, autónomos, PYMES, empresas y administraciones públicas.

La cuantía de las ayudas varía entre 500 euros y 18.000 euros, en función de la categoría del vehículo (moto, cuadriciclo, turismo, furgoneta, camión) y la motorización (eléctrico, gas natural, auto gas o pila de combustible).

MOVALT – Infraestructuras

Por su parte, MOVALT-Infraestructuras dispondrá de 15 millones de euros para fomentar el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico.

Los beneficiarios podrán ser administraciones, empresas públicas y privadas. Se financiará la instalación de infraestructuras de recarga tanto para uso público en el sector no residencial (aparcamientos públicos, hoteles, centros comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, centros deportivos, etc.), como para uso privado en zonas de estacionamiento de empresas privadas, así como para su ubicación en la vía pública y en la red de carreteras.

La cuantía de las ayudas cubrirá hasta el 60% del coste de inversión en el caso de entidades públicas y PYMES, y el 40% para el resto de empresas.